La tensión entre el Gobierno mexicano y el sector de las renovables sube de peldaño. El Centro Nacional de Control de Energía (Cenace), el organismo encargado del buen funcionamiento de la red eléctrica, ha suspendido esta semana de forma temporal la entrada en operación de nuevas plantas eólicas y solares para “garantizar la calidad” del sistema tras la repentina caída de la demanda. La acción se da en el marco de la crisis del coronavirus y responde a instrucciones de la Secretaría de Energía, empreñada en reflotar a la industria petrolera y la producción eléctrica estatal. El empresariado ha acusado al Gobierno de utilizar la crisis como pretexto y alertado del impacto que puede tener la medida sobre el crecimiento de la energía verde en uno de los países con mayor potencial del planeta.
El freno operativo afecta a 28 plantas solares y eólicas ya listas para arrancar, según un recuento de la iniciativa privada. Las centrales aglutinan una capacidad de 3.270 MW, suficiente para cubrir las necesidades eléctricas de casi tres millones de hogares. Es una cantidad similar a la que entró en vigor en 2019, cuando las renovables batieron records de generación. Otros 16 proyectos en construcción con una potencia de 2.067 MW tampoco podrán conectarse a la red si la suspensión se alarga. En suma, estas plantas representan el 50% de la capacidad prevista para este año y 6.400 millones de dólares en inversión directa. Entre las empresas afectadas están los gigantes Enel e Iberdrola. Ambas contaban con varios proyectos en periodo de pruebas antes de la suspensión.
El portavoz de la Asociación Mexicana de Energía Eólica (AMDEE), Julio Valle, califica la medida de “grave”. “Hay un deterioro en la certidumbre del cumplimiento de la legalidad, del respeto a los contratos”, dice. Fuentes de una de las líderes del sector consideran la acción del Cenace como un “ataque” aunque, aseguran, ya lo veían venir tras una serie de cambios emprendidos por el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador para limitar la producción energética del sector privado. Paradójicamente, parte de este suministro va destinado a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), la compañía paraestatal con quien muchas privadas tienen contratos.
El sector está afilando los recursos legales. Será la segunda vez en medio año que las compañías renovables acuden a los tribunales para disputar un cambio regulatorio. En noviembre, lograron que varios jueces suspendieran de forma provisional otra medida. Esta vez, la iniciativa privada va argumentar que el Cenace no tiene las competencias para la suspensión y que esta afecta negativamente inversiones ya hechas. La Comisión Federal de Competencia Económica parece darles la razón. El organismo autónomo advirtió este jueves al Gobierno que el acuerdo puede generar un incremento de las tarifas eléctricas y atentar contra la competencia al favorecer las centrales de la CFE.
La falta de claridad sobre la duración de la suspensión ha aumentado el nerviosismo. El documento menciona que las medidas se aplicarán “durante”la contingencia sanitaria frente al Covid-19, decretada por las autoridades hasta el 30 de mayo. Sin embargo, el sector teme que la suspensión se prolongue de forma indefinida. La secretaria de Energía, Rocío Nahle, ha evitado dar una fecha. “No ponemos plazo porque no sabemos cuánto vaya a durar esto. Puede durar un mes, dos meses, quince días...”, afirmó el martes en una entrevista con Grupo Fórmula. “Puedo entender a los empresarios (....), pero yo les he dicho que nosotros tenemos que garantizar la distribución de combustible y de electricidad”.
Fuente: EL PAÍS
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